El pasado 9/11 se publicó un real decreto que vuelve a modificar la regulación de los llamados "contratos de formación".
El cambio más importante consiste en que los contratos que celebren a partir del 11/2/2013 van a estar mucho más controlados por la administración, en el sentido de que la formación teórica deberá impartirse presencial o semipresencialmente, o bien mediante teleformación, modalidad ésta última en la que el alumno tendrá que seguir su formación a través de una plataforma de Internet en la cual quedarán registrados con todo detalle todos los accesos del trabajador: días de conexión, horas, duración, etc.
Los contratos que se celebren hasta el 11/2/2013 seguirán sujetos a la normativa actual, aunque se extiendan más allá de dicha fecha.
En definitiva, debe quedar muy claro que la administración está poniendo todos los medios a su alcance para luchar contra el fraude en todos los ámbitos (actualmente se encuentran en trámite parlamentario asimismo un proyecto de ley contra el fraude laboral y una reforma del Código Penal), valiéndose para tal fin tanto en el endurecimiento de la legislación vigente, con el consiguiente aumento de las sanciones, como en el reforzamiento de las actuaciones inspectoras a través de la cooperación y del cruce de datos entre las distintas administraciones y organismos públicos.
